Esta semana ha entrado en vigor un mandato de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que obliga a los emisores de tarjetas de prepago a ofrecer las mismas protecciones y servicios básicos que reciben los usuarios de tarjetas de débito bancarias. Una simple tabla de tarifas revelará cuánto pagan los clientes de prepago por usar los cajeros automáticos y recargar sus tarjetas, y también estarán protegidos frente al fraude, los cargos no autorizados y los errores. "Ahora hay poca diferencia entre las tarjetas de prepago y las cuentas corrientes bancarias en lo que respecta a la legislación", afirma Sue Brown, de Mercator Advisory Group. La normativa llega cuando esta opción de pago gana impulso en Estados Unidos. El volumen de fondos cargados en tarjetas de prepago de uso general pasó de 208.000 millones de dólares en 2012 a 324.000 millones en 2017 y podría alcanzar los 428.000 millones en 2021, según Mercator.
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